La Conferencia Sectorial de Educación ha aprobado la homologación de la certificación de la competencia digital de los docentes, de tal forma que todas las administraciones educativas utilizarán el mismo marco de referencia, los mismos instrumentos y reconocerán mutuamente estas certificaciones.
De esta forma, comienza la marcha atrás para acreditar las competencias digitales de al menos el 80% de 700.000 profesores no universitarios. El objetivo es alcanzar esta cifra en 2024, un compromiso adquirido por España ante la Comisión Europea y que está reflejado en el Componente 19 de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La educación vivió hace tres años una prueba de estrés inimaginable. Con motivo de la crisis del Covid y en cuestión de días, profesores, alumnos, familias, centros y autoridades educativas se enfrentaron al desafío de continuar con la docencia de forma remota. La tecnología pasó, de la noche a la mañana, a ser el recurso crítico para que el sistema educativo no colapsara.
El informe TALIS de la OCDE apunta que menos del 40 % de los educadores de toda la Unión Europea se consideran preparados para utilizar tecnologías digitales en la enseñanza. Según el estudio "La capacidad digital de los centros educativos españoles" del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), las competencias digitales del profesorado son percibidas como una barrera al proceso de digitalización de los centros educativos.
Ante esta situación, el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, supone un importante hito para el sector. Así, la acreditación de la competencia digital de los docentes, un elemento esencial en la transformación del sistema educativo, será reconocida de manera homóloga y validada en todo el país.
Las comunidades autónomas dispondrán de un año para elaborar su normativa para la acreditación de estas competencias. Estas tendrán diferentes niveles, similares a los empleados para la evaluación de los idiomas: A1 y A2 para el estadio inicial; B1 y B2, el intermedio; y C1 y C2 para el avanzado.
500 millones de euros para programas de cooperación territorial
Para facilitar el desarrollo y la acreditación de estas competencias, el Ministerio va a distribuir este año a las comunidades autónomas 284,7 millones de euros procedentes del citado Componente 19. Estos fondos, cuya distribución ha validado la Conferencia Sectorial, servirán también para el desarrollo de los planes digitales de los centros educativos, un instrumento para favorecer e impulsar el uso de los medios digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, según ha explicado el Ministerio de Educación y Formación Profesional en un comunicado.
Junto a esta partida, se ha acordado también la distribución de 118,2 millones de euros destinados al Programa para la Orientación, Avanza y Enriquecimiento Educativo PROA+, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Este programa, en el que está previsto invertir 360 millones entre 2021 y 2024, está dirigido a mejorar los resultados educativos y prevenir el abandono escolar en centros sostenidos con fondos públicos que cuentan con un porcentaje significativo de alumnado con dificultades educativas.
Para apoyar a este alumnado y a sus familias, el Ministerio está financiando también la creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación, que realizarán el seguimiento individualizado de los alumnos y alumnas con mayores dificultades, así como de su entorno. Este año se van a distribuir a las comunidades 38,5 millones de euros que permitirán la creación de 804 unidades.
Por último, se ha acordado el reparto de 58,5 millones de euros para la financiación de libros de texto y materiales didácticos, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Este programa cuenta en 2022 con 10 millones más de presupuesto que en 2021.